El mundo está experimentado una transformación demográfica visible. La Organización Mundial de la Salud estima que el número de personas de 60 años y más aumentará de 605 millones a 2,000 millones para el 2050 (OMS, 2019). Concretamente en México, en el año 2017, residían 12 millones de personas adultas mayores (PAM), de los cuales el 53.9% eran mujeres, y el 46.1% hombres; para el 2050 se espera que haya 32.4 millones (IMDHD, 2018: 2). De esta población, la tasa de participación económica es de 33.8%; de la cual el 44.3% corresponde a las personas de 60 a 69 años; el 26.6% a quienes tienen entre 70 y 79 años, y el 11.5% a las PAM con 80 años y más (INMUJERES, 2015). De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se indica que la mayoría de la población ocupada de 60 años o más labora por cuenta propia, esto es el 49.6%, seguidos de quienes trabajan de manera personal, subordinada y remunerada con el 37.6 % (Citado en: INMUJERES, 2015).

Dentro del último sector en cita, las condiciones laborales son las más desfavorables en relación con otros grupos etarios; pues solo el 50% a nivel nacional, recibe algún tipo de prestación derivada de su trabajo (INEGI, 2018, p. 3). Por otro lado, el 62% de las PAM no tienen acceso a instituciones de salud por su trabajo, y el 61.8% labora sin un contrato escrito (INEGI, 2018, p. 3). Conforme a los datos del Censo de INEGI 2010, se destaca como principal prestación otorgada al trabajador-adulto mayor el aguinaldo, pues el 86.1% lo reciben, seguido del servicio médico (82.7%), las vacaciones (72.7%), el ahorro para el retiro (58.9%), el reparto de utilidades o prima vacacional (45.8%), y otras prestaciones (22.6%) (INEGI, 2014, p. 146).

Así, las PAM incorporadas al mercado laboral formal se ubican en una condición especial de vulnerabilidad, misma que se agrava con las transgresiones y discriminación, que se producen por: la falta de un contrato laboral, y el incumplimiento de las prestaciones establecidas por la ley. Si bien, el corpus normativo mexicano contiene disposiciones encaminadas a promover el respeto y la protección de los derechos laborales de las personas de 60 años y más, el ejercicio de dichos derechos resulta falaz al carecer el individuo de las mínimas condiciones establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

En consecuencia, resulta urgente hacer una revisión al marco jurídico-institucional, para ello el análisis toma como base la teoría económica de Hirschman para determinar la ineficacia de la norma y la política pública al materializar la protección de la PAM ocasionando transgresiones graves a sus derechos laborales, al utilizar como herramientas los conceptos de voz, salida y lealtad.