En la Ciudad de Buenos Aires desde fines de los años noventa creció el número de vendedores callejeros congregados en ferias a cielo abierto en las que se comercializaba indumentaria, calzado y productos de óptica y relojería. En estas ferias los migrantes internacionales, principalmente peruanos y senegaleses estaban sobrerrepresentados.

Desde 2016 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intensificó los procesos de erradicación de ferias que concentraban a vendedores callejeros y endureció los controles sobre los vendedores ambulantes de subsistencia, hasta llegar a situaciones de abuso policial. Esto produjo una diáspora hacia otras localidades y un proceso de privatización de la actividad que ocurrió por dos canales. El primero involucró a mayor cantidad de ex vendedores y se asocia al aumento de ferias cerradas en antiguos locales comerciales, en los que el espacio se fragmenta y subalquila. Se trata de un proceso vigoroso, asociado a la iniciativa privada, fuertemente cuestionado por las cámaras empresariales. El segundo proceso consiste en la relocalización en predios públicos, sin que medie el pago de un canon por el usufructo. Este proceso se produjo a partir de acciones motorizadas por las Cámaras empresariales y el Gobierno de la CABA, a fin de desactivar los conflictos derivados de la erradicación del comercio callejero en diversos barrios de la CABA. Cabe señalar que la privatización de esta actividad no redujo los notables niveles de informalidad laboral de los vendedores

La creciente violencia institucional incrementó la vulnerabilidad de los extranjeros pobres, especialmente de los africanos, por las mayores dificultades para obtener documentos de identidad y por las barreras idiomáticas. Estas situaciones evidencian la paradoja creada por las restricciones a la libertad de trabajar en la vía pública, en un marco de política migratoria que se autodefine como garantista de derechos.

Las medidas del aislamiento por el COVID-19 reavivaron los conflictos por la utilización del espacio público y mostraron la mayor vulnerabilidad de los vendedores extranjeros excluidos de las transferencias de ingresos orientados a mitigar los efectos del cierre de actividades. Las organizaciones de trabajadores de la economía popular y de migrantes contribuyeron a paliar los efectos para una parte de las familias.