El modelo de sustitución individual de ingresos laborales propio del diseño contributivo tiende a reproducir desigualdades salariales. Como consecuencia, ‘penaliza’ a quienes trabajaron en condiciones de mayor precariedad a lo largo de su vida, ya sea accediendo a bajas remuneraciones o quedando al margen de las posibilidades de cotizar (en toda o parte de la trayectoria laboral).

Cuando se trata de discutir la desigualdad de la previsión social, hay una cuestión que suele empantanar el debate político sobre la necesidad (o no) de reforzar el carácter solidario del sistema de jubilaciones. Nos referimos a la idea que predomina acerca de cómo el sistema se financia. Se postula que, si el sistema se financia principalmente con contribuciones, una distribución equitativa (con mayor solidaridad) podría amenazar un contrato institucional implícito.

El objetivo general de este trabajo es indagar si, en efecto, existe una consistencia entre la modalidad de financiamiento y las pautas de acceso y distribución vigentes en el sistema previsional argentino.

Para ello, intentaremos establecer si los recursos contributivos constituyen los recursos de financiamiento genuino del sistema; indagar si las prestaciones contributivas se autofinancian, poniendo a prueba la idea de que los recursos distribuidos solidariamente corresponden (al menos parcialmente) a un uso ilegítimo de ahorros ‘individuales’; y , por último, estimar las prestaciones que serían ‘consistentes’ con el modo de financiamiento vigente.