El presente trabajo pretende avanzar preliminarmente en una problematización de parte de la normativa producida por la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, DNM) en Argentina en función de las medidas de prevención y control de la pandemia por COVID-19 en el país, en relación con la situación de acceso y sostenimiento del trabajo que afrontan las personas migrantes en condición de vulnerabilidad en el país. Para el análisis de este trabajo, se seleccionaron las disposiciones que prorrogaron la vigencia de las residencias migratorias en Argentina, durante el periodo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), por el cual las agencias del Estado realizaron trabajo a distancia y existía la prohibición de circular de la población por razones consideradas no esenciales.

En relación con lo expuesto, se debe tener en cuenta que para la ley migratoria N° 25871 sólo las personas que cuentan con una residencia regular pueden trabajar. No obstante, la diversidad de casos que se muestran en la relación regularización migratoria-acceso al trabajo permite observar cómo, por un lado, las falencias en la regularización no han impedido el trabajo de migrantes, sino que lo han fomentado en condiciones de precariedad, explotación y vulnerabilidad multidimensional. Pero, en sentido inverso, la obtención de una residencia vigente para personas migrantes no las ha llevado a la regularización de su condición laboral ni a las protecciones que deben recibir en el marco del derecho al trabajo, y este sentido del razonamiento no ha sido atendido por el Estado con la misma atención recibida para la visibilización del vencimiento de plazos migratorios. 

Por ello, el trabajo propuesto pretende problematizar esta situación que antecede al periodo de pandemia pero que, en el marco de este lapso, se observa con aspectos profundizados o novedosos.