RED: Población y Derechos

Las inequidades manifestadas desde tempranas edades ponen en juego los avances en el desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. Así lo entiende el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, acuerdo en el que los estados de América Latina y el Caribe reconocen los derechos, necesidades, prioridades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y mediante el cual se comprometen a realizar acciones para garantizar a estos grupos una vida libre de pobreza y de violencia, sin discriminación; invertir en políticas que promuevan la participación de los adolescentes y jóvenes, la educación, el empleo y la formación para el trabajo; implementar programas de salud sexual y reproductiva integrales; y establecer medidas para la retención escolar de las adolescentes madres, entre otras cuestiones. Estos acuerdos refuerzan los compromisos asumidos por los estados cuando adhieren, por ejemplo, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ambos tratados jurídicamente vinculantes. En este contexto, la sesión se interesa en presentar investigaciones que revelen situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en vinculación a desafíos internacionales en materia de desarrollo, desde la perspectiva de los derechos humanos: pobreza, salud y mortalidad, salud sexual y reproductiva, educación, trabajo infantil, acceso al empleo, acceso a la vivienda adecuada, participación social, violencia, discapacidad, entre otros temas. Asisimo, interesa comparar la situación entre países y observar la situación de otras regiones que compartan problemáticas similares a las de los países de la región.

RED: Población y Derechos

La ratificación de tratados de Derechos Humanos por parte de la mayoría de los países supone el cumplimiento de diversas obligaciones en relación a la salud de las poblaciones que albergan. Estas obligaciones incluyen, entre otras, la ejecución de medidas para asegurar, progresivamente, el máximo nivel posible de salud de todas las personas con igualdad de oportunidades, y garantizar el acceso universal a las prestaciones y servicios dispuestos en ese sentido. Es en este contexto que los países de América Latina y el Caribe despliegan, en los últimos decenios, numerosas acciones encaminadas a mejorar la salud de sus poblaciones, alcanzando así logros significativos a nivel nacional. Sin embargo, restan aún superar desafíos para reducir las desigualdades injustas al interior de los mismos, tanto en términos del estado de salud de la población (morbilidad y mortalidad) como respecto del acceso a los servicios comprometidos internacionalmente para mejorar su nivel. En esta sesión, se busca investigar sobre estas inequidades que se evidencian, fundamentalmente, en detrimento de sectores especialmente vulnerables a sufrir discriminación en razón de la edad (niños, niñas, adolescentes y jóvenes; personas mayores), el género (mujeres, población LGBT), el lugar de procedencia (población migrante), el lugar de residencia (población rural, determinadas áreas político-administrativas), la condición étnica/racial (población indígena y afrodescendiente) y la presencia de discapacidad. Interesa describir estas desigualdades a nivel nacional y subnacional y visibilizar situaciones de vulnerabilidad en el ejercicio del derecho a la salud, en la comparación entre países.

RED: Población y Derechos

Cuando un estado ratifica un tratado de Derechos Humanos, asume la obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en su texto, universalmente y sin distinción de ningún tipo. El cumplimiento de esta obligación trae aparejado el despliegue de diversas acciones, como la ejecución de políticas que contribuyan positivamente a la realización efectiva de los derechos. Estas políticas deben diseñarse e implementarse en concordancia con ciertos principios, considerados fundamentales en el contexto de los derechos humanos. Son aquellos que suponen que las acciones que se lleven a cabo aseguren progresivamente el goce pleno de los derechos, sin retroceder en ningún momento a situaciones anteriores. Así también, debe darse prioridad a sectores de la población, especialmente a aquellos en situaciones de vulnerabilidad y, por tanto, con una mayor exposición a sufrir discriminación en razón del género, la edad, el lugar de residencia, la situación migratoria, la raza/etnia y/o la presencia de discapacidad, entre otros factores, para buscar subsanar cualquier desigualdad injusta en el ejercicio de los derechos. Finalmente, las acciones deben ser monitoreadas y evaluadas, con el consecuente rediseño en caso de necesidad. A partir de reconocer la importancia de las políticas públicas para el ejercicio de los derechos humanos, en esta sesión, interesa exponer investigación acerca de políticas que hayan posibilitado avances en este sentido en los países de América Latina y el Caribe, así como la que evidencie desafíos para su implementación exitosa, tanto en el ámbito nacional como subnacional.